La inversión no solo evalúa rentabilidad. Evalúa certidumbre. Y cuando las reglas fiscales, tributarias o de comercio exterior cambian sin previsibilidad, el costo no aparece de inmediato en ningún balance — aparece después, en la inversión que no llega, o en la que ya estaba y decide esperar.
Lo que realmente pasó con el T-MEC el 1 de julio
El artículo 34.7 del tratado establece una vigencia inicial de 16 años y una revisión conjunta al sexto aniversario. Si las tres partes confirman que quieren extenderlo, se abre un nuevo periodo de 16 años; si alguna no lo confirma, se activan revisiones anuales durante el resto de la vigencia, sin que eso impida un acuerdo posterior de extensión. Eso —no una terminación— fue lo que ocurrió el 1 de julio de 2026: Estados Unidos comunicó que no aceptaba renovar el tratado en su forma actual, y se activó el mecanismo de revisiones anuales. El tratado sigue vigente hasta 2036, y tanto México como Canadá manifestaron formalmente su postura favorable a extenderlo.
Decir que "Estados Unidos terminó el T-MEC" sería impreciso y, francamente, alarmista sin necesidad. Lo que sí es correcto decir es que no hubo unanimidad para el nuevo periodo de 16 años, y que eso introdujo un mecanismo de revisión más frecuente —y por tanto más incertidumbre estructural— para el resto de su vigencia.
Las negociaciones bilaterales México–Estados Unidos siguen activas: comenzaron formalmente el 18 de marzo de 2026, tuvieron una segunda ronda en Washington a mediados de junio, una tercera en la Ciudad de México a finales de julio, y continuaban en septiembre sobre reglas de origen, acero, aluminio, automóviles y el déficit comercial. En junio de 2026, Estados Unidos además ajustó su régimen arancelario sobre acero, aluminio y cobre, con un arancel de 25% sobre el contenido no estadounidense de ciertos productos y un piso de tasa efectiva de 15%, vigente en un esquema transitorio hasta finales de 2027.
El frente fiscal: más herramientas de fiscalización, más costo de defenderse
La reforma al Código Fiscal aplicable a partir de 2026 amplió las facultades de la autoridad para exigir que los comprobantes fiscales amparen operaciones reales, y añadió nuevos supuestos de restricción del certificado de sello digital que pueden aplicarse sin audiencia previa. El concepto de "materialidad" que sostiene buena parte de esta fiscalización no está expresamente definido en la ley, lo que —según análisis técnicos especializados— abre un margen de subjetividad que se traduce en cargas probatorias difíciles de anticipar para el contribuyente.
A esto se suma un cambio en el costo de litigar: desde 2026, quien interpone un recurso de revocación debe garantizar el interés fiscal desde esa etapa, bajo un orden de prelación obligatorio de garantías. Adelantar ese costo financiero, combinado con la incertidumbre sobre el resultado, modifica —de facto— los incentivos para defenderse formalmente en lugar de simplemente absorber el ajuste.
Y en el horizonte inmediato: el Paquete Económico 2027, presentado el 8 de septiembre de 2026, contempla —como propuesta legislativa, todavía no como ley vigente— limitar deducciones para personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos, restringir el aprovechamiento de pérdidas fiscales a la mitad de la utilidad, y reducir el límite de deducibilidad de intereses netos de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada. Nada de esto está aprobado; todo es, por ahora, la dirección en la que se está pensando.
El dato que conviene no perder
México registró, en el primer semestre de 2026, un máximo histórico de inversión extranjera directa: 34,968 millones de dólares, según la Secretaría de Economía. Es una cifra real, y sería un error minimizarla. Pero conviene mirarla completa: 88.5% de ese monto correspondió a reinversión de utilidades de empresas que ya estaban aquí, y solo 7.8% fue inversión verdaderamente nueva.
Un récord histórico y una desaceleración de la inversión nueva pueden ser, y de hecho son, ciertos al mismo tiempo. Reuters documentó en septiembre de 2026 casos concretos de empresas multinacionales posponiendo o reconsiderando proyectos ante la incertidumbre sobre el T-MEC —incluyendo una compañía manufacturera que decidió diversificar operación hacia República Dominicana— y recogió declaraciones de ejecutivos y de la cámara de comercio estadounidense en México sobre el efecto de las revisiones comerciales recurrentes en las decisiones de inversión de largo plazo. Una encuesta de Reuters a 32 economistas, publicada en julio, redujo la expectativa mediana de crecimiento de México para 2026 a 1.1%, atribuyendo parte del ajuste a menor inversión privada y a la incertidumbre posterior a que no se confirmara la extensión del tratado por 16 años.
Qué hacer con esto
No se trata de evitar el riesgo regulatorio — eso no está en control de ninguna empresa. Se trata de anticiparlo y de estructurar las decisiones con esa variable adentro desde el diseño, no como un ajuste posterior. Eso significa modelar escenarios fiscales antes de que las propuestas de 2027 se conviertan en ley, documentar la sustancia real de las operaciones antes de que la autoridad la cuestione, y tomar decisiones de inversión o expansión con el calendario de revisión comercial —no solo con el costo de capital— sobre la mesa.
Esa es, precisamente, la lógica detrás de Estrategia & Bridge Finance: el diagnóstico jurídico y financiero no llega después de la decisión de negocio. Se diseña junto con ella. Cuando la solución requiere capital y no solo estrategia, trabajamos en alianza con Bockdefi.
¿Necesita estructurar una decisión de inversión o expansión con el riesgo regulatorio ya adentro? En Bridge MX diseñamos la estrategia jurídica y financiera junto con la decisión de negocio, no después de ella.
Francisco Javier Belgodere Hernández — Socio fundador de Bridge MX. Abogado con práctica activa en estructuración financiera, gobierno corporativo y estrategia de inversión.
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